El Senado declara la emergencia ambiental en Córdoba por 180 días
El Senado de la Nación aprobó este jueves la declaración de "emergencia ambiental, económica y habitacional" en Córdoba, en respuesta a los devastadores incendios forestales que han arrasado hectáreas en varios departamentos y que aún no han sido controlados.
Esta declaración tendrá una duración de 180 días y permitirá su prórroga en las localidades de las Sierras de Córdoba y en otros departamentos afectados. La decisión final ahora corresponde a la Cámara de Diputados.
Entre los aspectos más destacados del proyecto, se incluyen medidas financieras específicas para “restaurar y rehabilitar las zonas impactadas y prevenir nuevos incendios”, en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego y la Gestión Integral de Riesgos.
El segundo artículo del proyecto establece que “el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, asignará una partida extraordinaria para intervenir y asistir de inmediato en la reconstrucción de la infraestructura y en la recuperación de las actividades económicas dañadas”.
Estas acciones se llevarán a cabo en coordinación con el gobierno provincial de Córdoba y los municipios afectados, siguiendo los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego. La distribución de recursos se basará en la urgencia de las necesidades, priorizando el bienestar de las personas damnificadas y la restauración del medio ambiente y la biodiversidad.
El proyecto también busca establecer “líneas de créditos con tasas bonificadas” para la reparación de viviendas y la continuidad de actividades económicas esenciales para las economías regionales, garantizando así la recuperación de empleos y el funcionamiento de los sectores productivos.
Además, se pretende “facilitar la sostenibilidad financiera de los emprendimientos locales” mediante la suspensión y renovación de obligaciones bancarias y deudas previas a la emergencia, ofreciendo un alivio inmediato a productores y trabajadores afectados por las pérdidas económicas.
Por último, el proyecto contempla la suspensión de “hasta noventa (90) días” de juicios y procedimientos administrativos de cobro de deudas vencidas antes de la emergencia, permitiendo a las familias, emprendedores y productores enfocarse en la reconstrucción de sus medios de vida sin el temor de sanciones financieras inmediatas.
