San Francisco se queda sin Registro de Motovehículos: preocupación por el freno en los trámites
La ciudad de San Francisco enfrenta una situación inesperada tras la renuncia de María Josefina Iturraspe, quien estuvo al frente del Registro de Motovehículos por más de dos décadas. Su decisión de dejar la concesión dejó vacante un puesto clave para la realización de trámites esenciales como transferencias y patentamientos de motos 0km.
A raíz de esta salida, se aguarda ahora la designación de un interventor que asuma provisoriamente la conducción del organismo, mientras se inicia el proceso de concurso para nombrar a un nuevo responsable. No obstante, se estima que esa instancia podría demorarse varias semanas, lo que genera un serio impacto en la actividad comercial vinculada al rubro, afectando tanto a particulares como a concesionarias y negocios del sector.
El registro operaba en la sede de calle Hipólito Yrigoyen 406, donde también fue desvinculado el personal que allí se desempeñaba, profundizando la paralización operativa.
La situación se produce en un momento en el que el Gobierno nacional impulsa una reforma estructural en el sistema registral, con el objetivo de avanzar hacia la digitalización total de los trámites. Desde el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, se puso en marcha un plan que ya provocó el cierre de más de 320 registros en todo el país, en línea con una promesa de campaña del presidente Javier Milei.
El proyecto oficial prevé la creación de una ventanilla única digital que permitirá realizar de forma online la inscripción de vehículos nuevos y la transferencia entre particulares, sin necesidad de intermediarios. Sin embargo, mientras el nuevo sistema no termina de implementarse, la ausencia de atención presencial complica la operatividad en localidades como San Francisco, donde la actividad del registro sigue siendo indispensable.
El cierre del registro local representa un retroceso significativo para los actores vinculados al mercado de motovehículos y genera incertidumbre entre los ciudadanos que necesitan realizar trámites urgentes. La falta de una solución inmediata agrava el problema y pone en evidencia la necesidad de un plan de transición que garantice la continuidad del servicio hasta que el nuevo esquema digital esté plenamente operativo.
